En un sistema educativo que funcionó por más de 20 años con un fuerte componente segregador, que segmenta por niveles socioeconómicos y que promueve que las escuelas dejen fuera a aquellos niños que no cumplen con un patrón de normalidad, no se cambia de discurso de la noche a la mañana. En ese sentido, la nueva ley de inclusión que se implementa en Chile desde este 2016 tiene el desafío de valorar esta política de Estado como una riqueza social, más que un laberinto de riesgos sociales.

Así lo demostró el Proyecto Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación (FONIDE), “Inclusión social en las escuelas: estudio de prácticas pedagógicas inclusivas y proyecciones para enfrentar un escenario sin copago y selección escolar” que durante el 2015 investigó a ocho escuelas que adelantaron el escenario de inclusión social.

El estudio a cargo de los académicos de la Universidad Alberto Hurtado María Teresa Rojas, Alejandra Falabella y Paula Alarcón más el equipo de colaboradoras conformado por Muriel Armijo, María José Avello, Paloma Molina e Isidora Vásquez fue de carácter cualitativo y se entrevistaron a sostenedores, directivos, profesores y apoderados de escuelas de la Región de Valparaíso, del Biobío y dela Araucanía, además de la Región Metropolitana.

El análisis se centró en la cultura escolar de cada establecimiento, sus incipientes políticas de inclusión y los impactos en las prácticas de sus comunidades educativas, según explica María Teresa Rojas, directora académica del Doctorado de Educación de la Universidad Alberto Hurtado – Universidad Diego Portales y docente a cargo del proyecto. Los colegios tuvieron que repensar sus procesos de admisión y con ello acoger a un tipo de estudiante que antes no tenían. En ese escenario, se observó en el caso de las escuelas particular subvencionadas o los establecimientos municipales autodefinidos como de excelencia académica, a un grupo de profesores que consideró que el ingreso de niños con necesidades educativas especiales, o niños vulnerables, alteraría los resultados académicos que tradicionalmente han dado prestigio a los establecimientos.

“Existen profesores que consideran que la inclusión es un derecho y que terminar con la selección escolar es justo, pues aminora la segmentación social, pero al mismo tiempo, temen que haya una fuga de familias de clases medias que vean amenazado el proyecto académico del establecimiento o que teman que la convivencia pueda verse afectada”, explica la académica.

Por otro lado, otros docentes denuncian que no basta con instalar un discurso sobre las bondades de la inclusión, si ello no va acompañado de la disminución de alumnos por sala y de capacitación para tener herramientas y nuevas estrategias para trabajar con niños y niñas que requieren de nuevas metodologías y formas de enseñanza. La tensión central para estos profesores es cómo compatibilizar las exigencias del sistema de aseguramiento de la calidad (SIMCE) con la necesidad de adecuar los estilos y ritmos de aprendizaje a niños y niñas en contextos de alta diversidad.

Por otra parte, los apoderados entrevistados valoran que se avance hacia un mayor nivel de integración social, pero temen que la integración social suponga deterioro de la convivencia, aumento de bullying o amenazas para el bienestar de sus hijos.

“Existen muchos imaginarios, prejuicios y creencias que se movilizan en los apoderados respecto a que entren niños diferentes a la escuela, ya sea por los riesgos de que estos niños ‘tengan costumbres y hábitos diferentes’ que amenacen la formación de sus propios hijos. Se constata que los apoderados manejan poca información sobre los alcances de la ley de inclusión y se centran más en aspectos mediáticos, como que los niños podrán ‘vestirse como quieran’, más que en el fondo de la ley”, sostiene María Teresa Rojas.

– ¿En qué diría usted hay que trabajar más para que esta nueva ley sea vista como un aporte real a la inclusión social?

-A nivel de la política pública, en convencer a las escuelas en que la inclusión es una fortaleza, no un riesgo frente al SIMCE. La política debe ser más clara en incentivar la inclusión y bajar la carga de exigencia burocrática de la SEP y las consecuencias asociadas a los resultados del SIMCE. Una escuela que demuestre inclusión debería ser premiada, tener más tiempo para que sus profesores preparen clases colaborativamente y piensen una pedagogía más inclusiva. Los otros indicadores de la calidad (OIC) que son medidos por la Agencia de la Calidad, deberían darle importancia explícita a la promoción de ambientes inclusivos social y culturalmente. La inclusión es la aceptación de la diversidad y el reconocimiento de que el “niño normal” o “niño promedio” no existe. El riesgo es asociar la ley de inclusión con los niños con déficits. Ello solo refuerza las estigmatizaciones, prejuicios y discriminaciones. Mientras la inclusión se asocie con la llegada de niños deficitarios o moralmente peligrosos, las comunidades escolares la vivirán como una carga, no como una riqueza.

– ¿Usted cree que los paros de liceos y colegios públicos es un fenómeno que atenta contra la ley de inclusión?

-Más bien atenta contra la imagen de la educación pública, pues los medios promueven una visión catastrófica de los liceos en toma. Se exhibe la destrucción de uno o dos liceos públicos y no se muestran los esfuerzos increíbles que hacen miles de escuelas públicas por trabajar con niños y niñas vulnerables. Los paros refuerzan la idea de que la educación pública es poco exigente, de mala calidad y que los niños no van a clases. Pero no afectan la imagen de la ley de inclusión, pues estos son los liceos que no discriminan a las familias por razones económicas.

– De acuerdo al estudio son los apoderados, ¿quiénes más sospechan del nuevo sistema? ¿Esa incertidumbre se podría decir que es normal frente a un cambio tan importante?

-Es normal en sistemas escolares que promueven la competencia de resultados y sobrevaloran la dimensión académica por sobre la formación moral y ciudadana de niños y niñas. No es un tema solo de Chile. Lo apreciamos en sistemas escolares de otros países también. Padres y madres buscan asegurar buenos resultados académicos para pavimentar el camino hacia la educación superior y, al mismo tiempo, ambientes sociales protegidos, seguros, que impidan el contacto de sus hijos con lo que ellos perciben como “malas influencias”. En nuestras entrevistas se repite siempre el miedo de los padres a que “entren flaites a la escuela”. El “flaite” encierra el imaginario de lo que ellos no quieren ser o parecer. Estos prejuicios son muy complejos de desactivar, pues requiere que las personas incorporen que la escuela es un lugar para formarse éticamente, que busca encontrarse con sujetos diversos, de distintos niveles económicos, con experiencias culturales distintas, con niños y niñas, heterosexuales o gay, migrantes, indígenas, y también con niños con alguna discapacidad física, o con autismo o con híper actividad, etc. La ley de inclusión, en este sentido, es contracultural.

Autora

María Teresa Rojas 
Directora académica Doctorado en Educación Universidad Alberto Hurtado – Universidad Diego Portales.
Doctora en Ciencias de la Educación de la P. Universidad Católica de Chile en cotutela con la Universidad René Descartes – Paris 5. 
Licenciada en Historia y Profesora de Historia y Geografía de la P. Universidad Católica de Chile.