Victoria Martínez: «Las personas que cuidan están haciendo una labor que el Estado y la sociedad deben reconocer»

Según las encuestas de empleo del INE el principal argumento de las mujeres que no están insertas en el mercado laboral es porque realizan labores de cuidado al interior de sus familias. “Es un trabajo no remunerado e invisibilizado, vital para el desarrollo de nuestra sociedad”, señala Victoria Martínez, directora del nuevo Programa Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que busca ser una plataforma para la investigación y la incidencia pública sobre el tema.

—¿De qué manera se puede impulsar el cambio legal y cultural para reconocer el derecho a cuidar y ser cuidado?

Los y las académicas de la Facultad de Derecho venimos trabajando este tema desde hace varios años en términos de incidencia pública, sobre todo durante el proceso constitucional. Hemos forjado alianzas con organizaciones, con ComunidadMujer y Asociación Yo Cuido. Creo que como Núcleo Constitucional hicimos todos los esfuerzos para que los cuidados se reconocieran como derecho y, aunque eso no resultó en una nueva Constitución, sí hay mucho por hacer para que exista una distribución más equitativa de los cuidados entre los integrantes de la sociedad.

Para eso son muy importantes el desarrollo de políticas públicas como la conciliación laboral, la sala cuna universal y los servicios de cuidado para personas mayores. También fomentar la investigación académica desde distintas áreas del Derecho porque es un tema que ha sido estudiado con mayor profundidad desde otras disciplinas.

—¿Cómo podría reconocer la sociedad las labores de cuidado?

Es necesario valorar el cuidado como una función social, no hay que verlo como un problema o como un costo. Las personas que cuidan están realizando una contribución al bien común y la sociedad debería ser corresponsable y apoyar a esas personas. Hay organizaciones, por ejemplo, que buscan que se remunere el trabajo de cuidado. Yo creo que quizás lo más realizable es que se garanticen derechos de seguridad social, acceso a la salud, a pensiones dignas para personas cuidadoras, además de capacitación, compañía y liberación de tiempo para que puedan hacer otras actividades. Creo que hay muchas opciones de políticas públicas, pero lo más importante es convenir que las personas que cuidan están haciendo una labor esencial que el Estado y la sociedad completa deben reconocer y valorar.

—¿De qué manera ley de conciliación laboral reconoce el valor de los cuidado en nuestra sociedad?

Esta ley es un súper buen ejemplo de cómo abordar los cuidados desde un punto de vista más transversal, porque antes la conciliación laboral se veía solo del punto de vista de la maternidad. Esta ley establece el principio de coparentalidad y también el de corresponsabilidad social. Hay que esperar a ver cómo se implementa, porque si bien es una herramienta que permite a trabajadores, mujeres y hombres, acceder a medidas de conciliación, vamos a tener que esperar a ver efectivamente cuántos hombres y cuántas mujeres hacen uso de este beneficio.

Por otro lado, creo que el gran desafío de la ley es que establece un marco de negociación individual: es el trabajador quien negocia con su empleador. Y la experiencia de otros países y las recomendaciones de la OIT señalan que ese tipo de medidas de conciliación tienen que estar garantizadas por una negociación colectiva.

Mirar el cuidado como un derecho tiene la ventaja de que es el Estado el responsable, pero en este caso son las personas quienes tienen que resguardar sus propios intereses. Por eso hay que ver cómo funciona: si efectivamente va a influir en la redistribución de los cuidados en términos de género, y si los empleadores ciertamente van a considerar los cuidados como una labor importante.

—¿Hay algún país que pueda ser referente en este ámbito?

Para América Latina siempre el horizonte son los estados de bienestar europeos como Noruega, Suecia o Países Bajos, que establecen muchas más obligaciones estatales respecto del cuidado.

No creo que haya un modelo o un país que estemos obligados a seguir, porque también hay que considerar referencias culturales. Por ejemplo, en Europa hay servicios externos que se encargan del cuidado de adultos mayores, pero eso también tiene muchas críticas porque finalmente estas personas reciben cuidados, pero no tienen conexión emocional con su familia, no los van a visitar, etc. Tercerizar el cuidado también tiene sus problemas.

En Chile los estudios reconocen que las personas que cuidan también lo hacen porque lo consideran un deber moral. Hay familias que, aunque tuvieran la opción, por ejemplo, de que sus papás o abuelos fueran a un servicio externo, prefieren cuidarlos en su casa. Yo creo que hay que tener en cuenta esos rasgos culturales, no adoptar un plan porque funciona en un lugar, sino que idear lo que más se aviene con nuestra cultura y pensando siempre en que nadie tiene el tema solucionado. La crisis de los cuidados existe en todas partes, solo que en América Latina se destaca la ausencia del Estado, que lo ha dejado mucho más en manos de las familias.

Equipo

El Programa Derecho y Cuidados de la U. Alberto Hurtado está dirigido por la doctora (c) en Derecho Victoria Martínez e integrado por la decana de la Facultad Miriam Henríquez y las académicas Lieta Vivaldi y Macarena Rodríguez.

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